El Consejo de Ministros ha aprobado un Anteproyecto de Ley
que reforma la L Orgánica del Poder Judicial, con el fin
de delegar en las Comunidades Autónomas que han asumido las competencias
de Justicia la gestión de la jubilación del personal al servicio de la
Administración de Justicia de los cuerpos generales y especiales, así como las
posibles prórrogas de permanencia en el servicio.
Con esta medida se persigue una agilización de los trámites de
jubilación y una organización más eficiente, ya que se harán cargo de los
mismos los órganos de las Comunidades Autónomas que ya gestionan todas las
demás materias relativas al estatuto y régimen jurídico de este personal.
Por otra parte, se suprime la constitución obligatoria de
los tribunales delegados para el acceso a los cuerpos de los funcionarios
de la Administración de Justicia, que en ocasiones han resultado
poco operativos e innecesariamente costosos, produciendo, además, un
incremento de la litigiosidad. La supresión de esta obligatoriedad afecta
a los tribunales delegados que intervienen en estas pruebas selectivas
realizando funciones meramente administrativas que pueden llevar a cabo otros
órganos de esta naturaleza de la Administración autonómica. Estos
tribunales delegados territoriales podrán seguirse
constituyendo cuando lo aconsejen circunstancias de carácter
objetivo, como el tipo de pruebas a realizar, el contenido de las
funciones a desarrollar o el número de plazas convocadas, atendiendo siempre
a criterios de racionalidad.
El denominado Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria de
racionalización del sector público y de medidas de reforma administrativa
incorpora las medidas aprobadas en la Comisión para la Reforma de las
Administraciones Públicas (CORA), constituida dentro del programa de reformas
económicas gubernamentales que tienen como finalidad corregir
ineficiencias y redundancias competenciales que implican gastos innecesarios
y suponen falta de agilidad y transparencia.
